Se cumple este 28 de junio un nuevo aniversario del Golpe de Estado que derrocara al Presidente Constitucional de la Nación Dr. Arturo Umberto Illia. Cierto es que en las elecciones presidenciales de 1963 Illia llegó con pocos votos (23%), con el radicalismo dividido, con el 21% de votos en blanco, en una sociedad donde el peronismo estaba proscripto y con Perón en el exilio.
Cierto tambien es que Illia avanzaba hacia la apertura y habilitación del peronismo proscripto: a cinco días de asumir el gobierno se realizó un acto conmemorativo por el 17 de octubre “Día de la lealtad” en Plaza Miserere sin limitación alguna; en las elecciones legislativas de 1965 fue notorio el crecimiento electoral de las fuerzas peronistas. Durante su gestión se sancionó la Ley de Medicamentos que golpeó duramente a los laboratorios transnacionales; se anularon los contratos petroleros firmados por Frondizi; se sancionó la Ley de Salario Mínimo, Vital y Móvil; destinó el mayor presupuesto de la historia democrática argentina a Educación, solamente superado por el presupuesto del periodo kirchnerista. Intentó avanzar sobre la anulación de los gastos reservados, la austeridad republicana, la vigencia del derecho de huelga. También rechazó el pedido del banquero norteamericano David Rockefeller, quien pretendía exenciones legales para instalar en el país una sucursal del banco Chase Manhattan.
Durante el gobierno de Illia la Asamblea General de Naciones Unidas aceptó la posición de la Argentina sobre las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur, al considerarla como territorio bajo estatus colonial y recomendar a nuestro país y a Gran Bretaña iniciar negociaciones sobre el proceso de descolonización.
Tampoco hay
que olvidar que su gabinete estuvo integrado por golpistas: Carlos Alconada Aramburú fue Ministro de
Educación y Justicia, Ministro de Relaciones Exteriores fue
Miguel Ángel Zavala Ortiz; ambos integraron los comandos civiles que atentaron contra el gobierno de Perón.
No fue fácil su paso por el gobierno, con su partido dividido, la presión
constante de las Fuerzas Armadas y el disgusto de importantes sectores del
establishment, el poder financiero y el empresariado, como la Unión Industrial
Argentina y la Sociedad Rural. En las calles se realizaban marchas con carteles
que pedían “Basta Illia” y desde algunos medios se agitaba el fantasma de la "falta de libertad".
Pero también es cierto que el golpe fue preparado con antelación por los mismos golpistas de siempre. La campaña de desprestigio contra Illia y la democracia –como la que soportaron Yrigoyen y Perón– se realizó de manera sistemática, utilizando a periodistas y medios de prensa, como Mariano Grondona (autor de los comunicados golpistas y que pocos años atrás, durante la presidencia de Cristina Fernández, pusiera en duda la continuidad del gobierno democrático), Bernardo Neustadt y Mariano Montemayor. El general Julio Alsogaray, que ingresó a la Casa Rosada, participo en el golpe de 1951 que intentó derrocar a Perón.
No faltaron civiles entre los promotores del golpe, como Nicanor Costa Méndez (canciller de Galtieri durante la guerra de Malvinas) y Álvaro Alsogaray, ligados al proyecto neoliberal que años después encabezaría Adalberto Krieger Vasena al frente del Ministerio de Economía.
Entre los integrantes de la Junta Militar que designaría a Juan Carlos Onganía en la Presidencia de la Nación estaba el almirante Benigno Varela (los días previos al golpe le había declarado personalmente su lealtad a Illia) y el brigadier mayor Adolfo Teodoro Álvarez (reivindico el golpe de estado contra Perón). Al Congreso de la Nación llegaba el interventor, coronel Felipe Gerardo José Mazzini, quien decidía echar por tierra todo lo que tuviera algo que ver con la política y los partidos políticos. Desaparecieron y se quemaron libros, se borraron los diarios de Sesiones, se procedió incluso a disolver los Cuerpos de Taquígrafos.
A menos de un mes del derrocamiento de Illia la violencia se desató en los claustros universitarios originando la famosa y triste "noche de los bastones largos", donde estudiantes, profesores y autoridades universitarias fueron sacados a golpes de sus aulas, mientras se clausuraban las facultades. En septiembre la "revolución argentina" anotaría su primer muerto: el estudiante Santiago Pampillón en Córdoba.
La historia no se repite, pero muestra hechos que si no se aprenden, se corre el riesgo de repetirlos.
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